La discapacidad sin obstáculos

La discapacidad sin obstáculos


Antonio Peredo Leigue*
El Presidente Evo Morales promulgó un decreto que pone en marcha el “Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad”. Muchos en sillas de ruedas y muletas, otros con síndrome de Down y sordomudos, llenaban el gran vestíbulo del Palacio Quemado, la noche del viernes 7 de abril, cuando el presidente firmó el decreto referido.
Fue una fiesta. Minutos antes, los discapacitados, concluyeron un congreso nacional en el que reafirmaron sus demandas; llegaron con algún retraso, pero no podían estar ausentes de este acontecimiento. Se sentían felices. ¿Qué importancia tenía aquel Plan? Si se tiene en cuenta que rige un Código del Discapacitado y están vigentes muchas disposiciones que les favorecen, no parece haber razón para el entusiasmo.

Diez y diez no son veinte

El 10% de la población, en Bolivia (cerca de 900 mil personas), tiene alguna discapacidad. El Código establece la obligación de incorporar, en todas las oficinas públicas, un décimo de personal discapacitado; como el lector se adelantó, esto no se cumple. También se ordena que las alcaldías dispongan y controlen que las calles y los accesos a edificios permitan el tránsito de ellos; unas cuantas rampas en las aceras, no es suficiente. La atención médica debiera ser especializada para ellos, pero no se diferencia del servicio a otras personas. En resumen: hay ley, pero no gestión; en la vieja tradición colonial: “se acata, pero no se cumple”.

La discapacidad motriz, es la más evidente. Muletas, sillas de ruedas, pero también formas rústicas de transporte circulan penosamente por las calles. Nadie se detiene y menos ayuda, para facilitarles el esfuerzo de dirigirse a algún lugar. Otras discapacidades son menos atendidas. Sordomudos de los que nadie se percata, mientras ellos tratan de orientarse en las ciudades brutalmente bullangueras. Ciegos que deben anunciarse con mucho ruido. Jóvenes y niños con síndrome de Down, que entran en el calificativo común de “opas”. Y ¿qué hay de los albinos?, ¿recuerdan a los jorobados?, ¿saben de otras discapacidades?

Para ninguno de ellos hay sitio en la sociedad. La escuela no los recibe, el hospital los desatiende, el comercio los ahuyenta, no hay empleo para ellos; de hecho, se les asigna la reclusión.

No se trata de escuelas, hospitales, comercios o vehículos especializados. Estas “soluciones” los aísla aún más de la sociedad. La inclusión supone que todas las escuelas estén preparadas para incorporarlos y el personal de los hospitales tenga el entrenamiento requerido para atenderlos. Que el Estado establezca las formas adecuadas para incorporarlos al trabajo productivo y en las calles puedan desplazarse como uno más entre cientos.

Multiplicando las sumas

El Plan promulgado por el Presidente Morales tiene el propósito de poner en marcha todas esas disposiciones. Se trata de un ambicioso proyecto orientado a la incorporación de un importante sector de la sociedad, respecto del cual se hacen muchos discursos sin resultados.

Conforme a este propósito, se intervendrá en cinco grandes categorías: en el entorno social y cultural, en los derechos sociales (salud y educación), en sus derechos económicos, en el desarrollo personal y social así como en el desarrollo institucional y organizacional. Se trata de crear una cultura de respeto y trato igualitario, al mismo tiempo que revisar el marco legal para establecer disposiciones obligatorias que garanticen su cumplimiento. En educación, se trata de crear las condiciones que permitan, al discapacitado, asistir regularmente a la escuela local. Los sistemas médicos y sanitarios crearán condiciones de equidad en previsión, provisión y rehabilitación en salud.

Un capítulo especial destaca la prevención de riesgos, teniendo en cuenta que muchas discapacidades se producen por accidentes que pueden prevenirse. Aquí se acentúa la prevención de daños ambientales, pues estos provocan lesiones permanentes. Del mismo modo que se desarrollará una política de prevención de accidentes domésticos.
En cuanto a la vivienda –tarea que es obligación de los municipios- deben darse condiciones de acceso en todos los niveles y, aún más, la creación de programas de provisión de vivienda social a este sector.

El derecho a un trabajo digno, facilidades para que obtengan ayudas técnicas, desarrollo de sus capacidades de autodeterminación, ampliar sus oportunidades de participación social, son tareas obligatorias que establece el Plan. Para esto, se garantizará que la estructura, organización y gestión institucional, para atender a este núcleo poblacional.

El álgebra de los propósitos

Podría ser otro documento que no se cumplirá, como ha ocurrido con códigos, leyes, decretos y otras disposiciones. La diferencia está en la toma de conciencia.
La crisis económica, social y política que vive Bolivia, no se supera con índices de eficiencia, comercio exterior o reservas financieras. El mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, sólo es posible cuando se satisface los servicios básicos. No es posible hacerlo distribuyendo premios, becas, subsidios o pensiones; la producción de recursos propios es la condición para alcanzar esas metas. Menos de 9 millones de personas, en un territorio que sobrepasa el millón de kilómetros cuadrados, requiere de la participación de todos.

Visto de ese modo, la incorporación de los discapacitados a esta tarea, que es el objetivo global de este gobierno, no sólo es una obligación para con ellos, sino una necesidad para el país.

En medio de conflictos, que se resuelven con dificultad, dedicarle una atención especial al Plan de Igualdad y Equiparación de Oportunidades, muestra la verdadera perspectiva de esta tarea que se inició el 22 de enero y que debe seguir en los próximos decenios.




Bolivia
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Abril 9, 2006
Las tragedias del exilio


Antonio Peredo Leigue*
Articulistas y escritores han graficado, de mil formas, los sufrimientos del exilio político cuando, en las décadas de los ’60 y ’70 del siglo pasado, miles de latinoamericanos huyeron de las dictaduras militares. Nada de lo que nos ocurrió entonces se acerca a la tragedia que viven los exiliados de hoy: hombres y mujeres que buscan escapar de la miseria y el hambre reinante en sus países.
La realidad de estos “exiliados económicos” es tan brutal, para la mayoría de ellos, que enfrentan el riesgo diario de morir, por falta de aire, hacinados en un “container” o quemados en una pocilga, como ocurrió en Buenos Aires hace unos días.

El modelo de la expulsión

Entre fines de los ’70 y principios de los ’80, se instaló en América Latina el neoliberalismo. Agotadas las dictaduras que destruyeron la posibilidad de desarrollo de esta región, se implementó el programa de “reajuste estructural”, montado sobre la base de una economía de libre mercado. La publicidad difundió la imagen de un resurgimiento económico y una recuperación social a corto plazo, mediante el simple expediente de desatar las amarras del mercado y posibilitar la libertad empresarial para que la bonanza alcance a todos. En realidad, se instaló un modelo que reordenó la estructura económica para que las transnacionales explotaran libremente los recursos naturales de esta región.
Unos cuantos países, en los que se sentaron las bases de este proyecto, se beneficiaron medianamente del plan; el resto, simplemente padeció sus consecuencias. Es más: aún entre los beneficiarios, el alto grado de corrupción gubernamental, hizo desaparecer las posibilidades de mejoramiento económico. Bolivia sufrió ambos males: explotación sin beneficios y corrupción sin atenuantes.

Con una economía en crisis desde los años ’40 y aún antes, viviendo el ciclo perverso de la explotación de un solo recurso hasta su agotamiento, Bolivia se rindió a la aplicación del modelo neoliberal, tratando de librarse del caos y la hiperinflación. Los resultados fueron catastróficos: destrucción del pequeño aparato productivo, entrega de los recursos naturales y endeudamiento interno y externo hasta niveles insostenibles.
Subsecuentemente, la estructura social se desintegró en forma acelerada. Mineros despedidos, fabriles desocupados, pero sobre todo campesinos sin posibilidades, se concentraron en la periferia de las ciudades. En menos de 30 años, la población urbana superó a la rural. Las alternativas de subsistencia se hicieron cada vez más estrechas, hasta desaparecer. No había más alternativa que emigrar.

Talvez, la emigración más temprana se dio entre los profesionales. Cientos de médicos, ingenieros, informáticos e incluso economistas y sociólogos, salieron de Bolivia radicando en países industrializados. Los obreros desocupados y otros trabajadores manuales salieron tras ellos, hacia las vecindades. La zafra del norte argentino, que desde siempre atrajo fuerza laboral boliviana, actuó como catalizador hasta llevarlos al gran Buenos Aires donde, ya en los años ’70, había más de medio millón de compatriotas. Esa cifra se ha duplicado en este tiempo, mientras otro sobrado millón puebla el norte rioplatense.

La infamia de la ilegalidad

Las leyes de inmigración que se establecieron entre el siglo diecinueve y las primeras décadas del veinte, se basaron en la concepción del resguardo de la integridad nacional. La migración entre países es de una rigurosa fiscalización, pese a que el libre tránsito es un derecho fundamental, reconocido internacionalmente. Es más: las oleadas de expulsados han endurecido esa fiscalización, al punto que es más fácil ser ilegal. Más fácil, aunque más peligroso.

Basta complementar ambas cosas, libre mercado e ilegalidad, para tener el cuadro completo de la explotación. Trabajar ocho horas, en cualquiera de nuestros países, es un sueño. Tener un trabajo estable es una suerte. Ganar un salario mínimo, un albur. Hombres y mujeres se resignan a ser explotados sin rechistar. El empleador, por más miserable que sea, está protegido por las leyes; el trabajador no tiene ningún resguardo. Ese es el modelo: lo tomas o lo dejas; en realidad: lo tomas o te mueres… y contigo, tu familia.

El mercader de Venecia

La vieja historia del mercader que, como garantía de un préstamo, reclama un pedazo de la carne de su deudor, se repite groseramente desde entonces hasta nuestros días. No como historia, sino como realidad. Peor aún: el usurero ofrece un salario, a cambio del cual reclama como garantía la propia vida del trabajador, que no es deudor. Igual que en la antigua Venecia del Duce, las autoridades no intervienen, se hacen de la vista gorda hasta que el atropello se convierte en tragedia. Siempre actúan tarde, cuando los hechos ya no tienen remedio.

En Buenos Aires, desde que se instalaron los talleres en que los obreros trabajan encerrados, con sus hijos en otra habitación donde se hacinan sin poder estudiar ni jugar, todos saben que existen pero nadie dice nada. No es particularidad de ese centro; ocurre en todos nuestros países y, en todos, se calla su existencia.

La cadena de la ilegalidad comienza cuando aparecen anuncios ofreciendo oportunidades de trabajo o un reclutador convence al desesperado desocupado. Este, reúne dinero de parientes y amigos (“les devolveré con mi primer sueldo”) y le entrega al traficante. Con dinero suficiente, habrá documentos legales; si hay menos, falsificará papeles y, en último caso, los llevará por pasos que no son vigilados.

Muchos quedarán en el norte, para ocuparse de labores agrícolas; los contratistas pagan al traficante un monto que el migrante debe pagar interminablemente. Otro tanto seguirá hasta la meta soñada: Buenos Aires; allí esperan los dueños de talleres que los encierran. En cualquier caso, los pasaportes legales o falsos son retenidos por el “empleador” hasta que cancele la deuda; los indocumentados sufren un trato peor.
Dos explotados y cuatro niños murieron quemados porque no pudieron salir del taller donde estaban encerrados. Mejor suerte corrieron los otros explotados y sus familias. ¿Mejor? Eventualmente, están alojados en un polideportivo y les están proporcionando documentos legales. Después, ¿podrán encontrar trabajo legal? Probablemente no; probablemente sigan viviendo su miseria, totalmente desatendidos, una vez que pase el alboroto de estos días.

Un mundo mejor

En estos 20 años de neoliberalismo, Bolivia ha expulsado a más de dos millones de hombres, mujeres y niños; los ancianos no tienen posibilidad ni siquiera de tentar suerte. La reconstrucción de nuestros países devastados es la solución en el mediano plazo. Mientras tanto, ¿qué debe hacerse? Los gobiernos de ambas partes, tienen que coincidir en que, el derecho fundamental a la vida, no puede ser vulnerado por formulismos legales. Deben acordar mecanismos coherentes con el flujo migratorio que no pueden impedir ni a éste ni al otro lado de la frontera. Se requiere planificar la superación de las iniquidades que ocurren en esos llamados talleres, ayudando a mejorar las condiciones de trabajo y castigando las transgresiones. Hay que combatir las redes del tráfico humano que lucran con el sufrimiento de las personas.

Pero, sobre todo, hay que restaurar el respeto a nosotros mismos. No es posible que aceptemos tratados, con países de otros continentes, que aceptan la doble nacionalidad y seamos restrictivos cuando se trata de los vecinos. No se puede seguir valorando a las personas por la cantidad de dinero que traen. Es odioso que la discriminación racial sea incentivada con reglamentaciones absurdas.

Proclamamos la integración como el gran objetivo de las políticas nacionales, pero las prácticas siguen siendo de aislamiento y segregación. Estos propósitos sólo serán ciertos cuando las fronteras dejen de ser barreras y se transformen en líneas de encuentro. Para expiar la horrible muerte de esos niños, hay que trenzar los lazos de la integración.



* ANTONIO PEREDO:
Periodista, legislador, ex candidato a la vicepresidencia,
hermano de los mártires bolivianos de la guerrilla del Che: Inti y Coco





ElDeber
2006-04-08



Emigrantes aportaron $us 860 millones

Gustavo Maldonado Medina
Cuando la mayoría de las personas piensan en la afluencia de divisas al país probablemente suponen que la ayuda internacional o las inversiones de empresas representan la mayor parte del dinero que llega a Bolivia. En realidad, las remesas de los emigrantes –el dinero remitido a sus familias por los miles de bolivianos que viven y trabajan en otros países– constituyen una de las mayores fuentes de capital extranjero que llegan a Bolivia en la actualidad. A diferencia de la ayuda internacional, las remesas van directamente a las familias en lugares a los que frecuentemente la asistencia internacional no logra llegar.
Veamos lo sucedido en 2005. Las remesas enviadas por los emigrantes bolivianos alcanzaron los 860 millones de dólares, según un estudio de marzo de 2006 del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tal volumen de dinero equivale al 8,5% del PIB de Bolivia. Supera casi dos veces y media los desembolsos de la CAF, el BID, el BM y el FMI juntos (351,2 millones de dólares), y la exportación cruceña de soya y sus derivados (357 millones de dólares). Supera casi una vez y media el monto que el Gobierno ejecutó en proyectos sociales, productivos y de inversión pública (610,6 millones de dólares), y casi alcanza el valor de las exportaciones bolivianas de gas natural (984 millones de dólares).

En 2005, los trabajadores latinoamericanos y caribeños residentes en el exterior enviaron unos 53.600 millones de dólares en remesas a sus países de origen, según el BID. El volumen de estas transferencias de dinero ha crecido dramáticamente durante esta década, al punto de rivalizar, y en muchos casos sobrepasar, la inversión extranjera directa y la cooperación externa en la mayoría de los países de la región. En varios casos, las remesas representan más del 10% del PIB. En la mayoría de los casos, el dinero recibido sirve para sufragar gastos corrientes tales como alimento, ropa, salud, educación y alquiler de vivienda. Muchas familias consiguen inclusive ahorrar o invertir parte del dinero que reciben. Las remesas no pueden reemplazar una estrategia de desarrollo para promover el crecimiento económico, pero su impacto se podría multiplicar a través del sistema financiero al movilizar los ahorros y promover inversiones en educación, salud, microempresas y vivienda.

El estudio calcula aproximadamente en un millón los bolivianos residentes en el exterior que envían regularmente dinero a sus familiares. El 49% de los bolivianos envía dinero desde Latinoamérica, el 25% desde Europa, el 24% desde Estados Unidos y el 2% desde Japón. De acuerdo con ese estudio, en Argentina se encuentra el 47% de los bolivianos que viven en países latinoamericanos; en Brasil el 26%, en Chile el 15% y en Paraguay el 8%. Mientras, en España se encuentra el 62% de los bolivianos que viven en países europeos; en Italia el 11%; en Francia el 8%, en Alemania otro 8%, en Inglaterra el 5%, en Suiza el 4% y en Portugal el 2%. Ese estudio revela que la mayor cantidad de receptores de remesas se encuentra en Santa Cruz (18%); le siguen Cochabamba (17%), El Alto (14%) y La Paz (9%). El promedio de cada remesa proveniente de Latinoamérica es de 120 dólares, mientras que el promedio sube a 210 dólares si el envío es de Europa y Estados Unidos.

De familia en familia, y trabajador tras trabajador, los emigrantes bolivianos son un aporte crucial a la pobre economía nacional. Estos ciudadanos que dejan sus campos, pueblos y ciudades en busca de trabajo y mejor nivel de vida para ellos y sus familias, deberían ser reconocidos por su valioso aporte y protegidos por el Estado en el país en que se encuentren, no sólo contra el abuso de las autoridades, la explotación laboral y la xenofobia, sino también contra el maltrato y la desconsideración de las embajadas y los consulados bolivianos. ¿Pero qué se puede esperar de gobernantes incapaces que no pueden regularizar ni siquiera la situación de los ‘bolitas’ en Argentina?


7.4.2006

www.eforobolivia.org
Bolivia:

Imagen del país,
confianza y factibilidad

Willi Noack
El influyente matutino O ESTADO DE S. PAULO publicó en su edición del 31 de marzo tres artículos extensos, “Ameacas a Petrobrás”,“Bolivia agora fala em ‘cordialidade’” y “A Petrobrás, enfim, reage”, que nos conciernen porque reflejan la realidad tal como es percibida por los brasileños en cuanto al tema “relación Bolivia con Brasil” o “Evo y Lula” y que distan bastante de la percepción que se tiene en Bolivia. El tema ejemplifica la calidad cuestionable y el dudoso profesionalismo de la actual política exterior boliviana, en un caso concreto que probablemente no sea una excepción.
Es necesario aclarar aquí que con esta nota deseo esclarecer algo sobre la imagen de la nueva administración del Presidente Morales en el Brasil. No es mi propósito entrar en la temática de la situación contractual entre Bolivia y Brasil. Se nos sugiere una imagen altamente favorable que a la luz del día no brilla tanto. La imagen política de Bolivia es el reflejo de sus actuaciones en el teatro diplomático internacional y, además, de su política concreta que se va implementando. Mucha gente da buenas notas al actor Presidente con sus discursos, su carisma, su chompa y el bonus por su descendencia, entre otros. Su aparición reciente en Belo Horizonte, durante la reunión del BID, confirma esta afirmación, aunque solamente anunciara en esa ocasión la pronta presentación del Plan de Gobierno, el que se desconoce todavía. Recién cuando el público nacional e internacional conozca este Plan sobre la verdadera refundación de Bolivia se podrá decir si el show mediático es congruente con las políticas concretas y planificadas.

La palabra clave es confianza. Confianza en el respeto por reglas de juego establecidas voluntariamente. El inversionista nacional e internacional precisa tener la seguridad de que su capital invertido no corre riesgos, que la renta calculada no se mitiga, que la disposición legal sobre el destino de la renta no sea cambiada. Existiendo esta confianza, la inversión directa (privada) extranjera – IDE – a ser captada puede ser gigantesca, como lo prueba el caso de Chile. Caso contrario, la IDE nacional y claramente la internacional, opta por países que sí dan estas garantías. Bolivia, con su ínfima tasa de ahorro interno, depende de la inversión extranjera para no ser eternamente un mendigo sentado sobre un trono de oro; recordemos el caso del litio.

¿Es suficiente un exitoso show mediático para generar esta confianza, para crear una imagen del país favorable? La respuesta es un contundente no. Las políticas concretas la definen. Peor aún, el asunto de la relación Bolivia – Brasil no se restringe a una relación binacional, pues la misma es estudiada por toda la comunidad internacional que saca sus propias conclusiones. En el fondo se juega la imagen de un país confiable o de un país dependiente que en nombre de una –inexistente- soberanía rompe convenios, olvidándose de su dependencia. El discurso populista resulta simpático entre personas que pretenden hacer política utilizando sentimientos múltiples, pero no el raciocinio económico. El resultado será un experimento que por falta de viabilidad perjudicará al país, como lo hemos sufrido durante la UDP.

Brasil depende actualmente del suministro del gas boliviano, por lo tanto, debe seguir negociando a riña dientes, pero tratará, como otros posibles compradores, de independizarse de un vendedor que se aprovecha de su (corta) coyuntura ventajosa y que no merece la confianza en cuanto al cumplimiento de convenios.