Monday, August 24, 2009

DISCRIMINACIÓN RACIAL

090822

DISCRIMINACIÓN RACIAL
Waldo Albarracin Sánchez

No obstante que el Art. 1º. de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, a pesar de que el Art. 2º. de la misma, los consagra junto a las libertades “sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, nuestra sociedad continúa mostrando diferentes bolsones de vulneración de derechos, especialmente mediante prácticas discriminatorias cotidianas sin que el Estado a través de sus diversas instituciones haya tomado los recaudos para que se extingan estas formas groseras de impedir que otras personas, por tener distinto color de piel, apellido u otra causa ejerciten sus derechos a plenitud.
Si bien es evidente que la vigencia de regímenes constitucionales es el escenario ideal para la construcción de un verdadero sistema de igualdad de derechos, pero esta aspiración no se consolida con la sola existencia de las normas, sino construyendo una nueva forma de convivencia, en base a una cultura de los derechos humanos.
Lamentablemente en Bolivia en distintos estamentos de la sociedad, se advierten prácticas discriminatorias que, precisamente por ser consuetudinarias ya no llaman la atención, y por ende dejan en la impunidad a quienes la practican.
El ejemplo emblemático de esta afirmación, se ha suscitado el día viernes 14 de agosto de este año, en la ciudad de La Paz, en el restaurante “Doña Chela”, ubicado en pleno centro de la ciudad, circunstancia en que una mujer que viste pollera la Lic. Pascuala Layme fue impedida de ingresar al recinto solamente por esa condición.
Similar atropello sufrieron varias constituyentes en la ciudad de Sucre tiempo atrás cuando los dueños de un hotel se negaron a tenerlas como huéspedes por la misma razón, su origen indígena y sus polleras, frente a la actitud permisiva y cómplice de las autoridades. del lugar.
El pasado año, un ciudadano cruceño gritaba a voz en cuello frente a las cámaras televisivas endilgando de “raza maldita” a muchos hermanos indígenas que se atrevieron a marchar por las principales calles de Santa Cruz, seguramente pretendiendo convencer al país que solamente los blancos tienen derechos. Del otro lado, hace un par de años una marcha de campesinos obligó a un ciudadano a quitarse la corbata.
Revisen los periódicos y observarán los avisos de requerimiento de personal de parte de empresas privadas, poniendo como principal requisito “buena presencia”, exigiendo a quienes deseen postular al cargo el envío de una fotografía, precisamente para identificar los rasgos étnicos. Es mas, sopesen en los canales televisivos de los nueve departamentos del país y advertirán cuan eficientes son los propietarios de los mismos en la selección del personal cuya imagen debe difundirse ante el público(discriminación racial), subordinando a la cuestión estética la eficiencia profesional, no interesa que no tengas ni ortografía, lo importante es que seas linda, eso se vende y gusta al público.
Estamos forjando una sociedad hipócrita con falsos valores, fortaleciendo los mecanismos de discriminación que implica negativa de derechos para muchos por el sólo hecho de tener piel distinta, pensar diferente, tener otra cultura, sin embargo nos jactamos de ser un país pluricultural, multiétnico, plurinacional.
La Constitución Política del Estado en su Art. 14 dice que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica. y goza de los derechos reconocidos por dicho texto sin discriminación alguna, establece la prohibición expresa de estas conductas..
Seamos sinceros con nosotros mismos, queremos construir democracia? Entonces, sancionemos estas conductas y forjemos un país con igualdad de derechos.

Friday, March 06, 2009

Ofensiva derechista: Aislar a los bolivianos

Ofensiva derechista: Aislar a los bolivianos

Enviado en Marzo 5, 2009 a las 10:13 am por Antonio Peredo Leigue
La situación es absolutamente clara. El artículo 27 de la Constitución Política del Estado establece: “Las bolivianas y los bolivianos residentes en el exterior tienen derecho a participar en las elecciones a la Presidencia y Vicepresidencia del Estado y en las demás señaladas por la ley. El derecho se ejercerá a través del registro y empadronamiento realizado por el Órgano Electoral”.
Si tomamos en cuenta que, de acuerdo al artículo 12 de la misma ley suprema, “el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral” y que se garantiza la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos, la acción inmediata debiera ser la preparación de los mecanismos para que, este derecho, sea ejercido en el menor tiempo posible.
Es más. Sabemos que son millones de bolivianas y bolivianos que salieron al exterior en busca de mejores condiciones de vida, dadas las circunstancias que ocurrieron en las décadas pasadas. Aún ahora, las secuelas del empobrecimiento que se agudizó en la etapa neoliberal, hay gente que quiere salir de Bolivia. Desvinculados del país por la miseria, reclaman ser parte de la nación y participar en la importante decisión de elegir las autoridades. La ley que regula este derecho, ya establecido en normas anteriores a la vigencia de la nueva Constitución, ha sido detenida por la oposición que, en el Senado Nacional, es mayoría.
Aplicando la norma establecida en la Constitución, el gobierno envió un proyecto de ley electoral transitoria, que este Congreso debe aprobar para las elecciones próximas, incluyendo el derecho de los bolivianos residentes en el exterior.
El reclamo es urgente
Durante el año pasado, grupos de residentes en Argentina, mantuvieron una constante presión sobre el Senado, incluyendo una huelga de hambre, sin obtener resultados. En 2005, un enviado de los residentes en Estados Unidos de Norteamérica, con poderes suficientes, presentó una demanda y obtuvo un fallo favorable, en la Corte Superior de Justicia de La Paz, para viabilizar el voto en el exterior. Organizaciones de bolivianos que viven en Europa han hecho llegar su reclamo ante las embajadas bolivianas y directamente a las autoridades nacionales.
Pero la oposición es persistente. Reflejando el rechazo que tienen a este propósito, un diario nacional titula: “El voto en el exterior a fin de año es prácticamente inviable”.
Al iniciarse el tratamiento del proyecto de ley electoral transitoria, aparte de las organizaciones indígenas, los partidos con representación parlamentaria enviaron los suyos propios. PODEMOS, la agrupación que reúne a quienes militaron en los partidos tradicionales hoy desaparecidos, prescinde absolutamente de toda referencia al voto en el exterior. Algo similar ocurre con la propuesta del MNR, que no se refiere de ningún modo a este derecho constitucional.
Por supuesto, miembros de las cortes electorales, tratando de aparecer neutrales en sus apreciaciones, desestiman la posibilidad de empadronar a quienes residen en el exterior. Frases como “está en duda que acabemos”, “lo veo difícil, el tiempo es corto”, “es casi imposible” y “no tenemos plazo para que los bolivianos voten en el extranjero” tratan de postergar indefinidamente tema tan candente.
El derecho es irrenunciable
El voto boliviano en el exterior es un derecho que se reconoció en el Código Electoral hace más de una década. Volvió a reconocerse en otras leyes posteriores, pero nunca se normó su aplicación. Al viejo estilo de la politiquería que primaba en las etapas anteriores, se declaraba el derecho pero se impedía su ejercicio.
El Órgano Electoral, a través de su presidente, anunció que iniciará contactos con autoridades de otros países para viabilizar el empadronamiento de los ciudadanos y ciudadanas de Bolivia. Este paso inicial abre el proceso que tiene como meta el ejercicio del voto por ellas y ellos.
Claro que, cuando comienza a condenarse al fracaso la aplicación de este derecho, sin haber dado ni siquiera el primer paso, simplemente se busca anular su ejercicio. Entonces, la pregunta es: ¿por qué tienen miedo al voto en el exterior? Aparte de los argumentos manidos de desconfianza respecto a las embajadas y consulados, no tienen nada más. Se trata del temor, evidente, de que ese voto favorezca en forma abrumadora al presidente Evo Morales. Si la oposición dice que él no alcanzará el 50%, ¿por qué creen lo contrario para quienes no viven en el país?, ¿no dicen, ellos mismos, que la gente está escapando de la dictadura del MAS? Que lo comprueben en las urnas.

Aspirante a la presidencia boliviana calumnia a su país en España

Enviado en Marzo 4, 2009 a las 10:41 am por Jubenal Quispe
Don Carlos Mesa Gisbert, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente de Bolivia (al inicio del ocaso neoliberal) y uno de los más prominentes oradores de América Latina, escribió en el diario El País de España, el 26/02/09, una columna titulada "Bolivia, el ‘sí' a la Constitución y sus equívocos" (www.elpais.com/articulo/opinion/Bolivia/Constitucion/equivocos/elpepiopi/20090226elpepiopi_5/Tes), que por justicia merece ser comentada.
Don Carlos Mesa, se encuentra en plena campaña política para las elecciones presidenciales del próximo mes de diciembre en Bolivia. En esta contienda, al ver a Don Evo Morales, su principal opositor, demasiado fuerte, recurre al sofisma para desacreditarlo ante la comunidad europea. Pero en este cometido, D. Carlos, termina lanzando una serie de calumnias en contra del pueblo boliviano.
El ex presidente dice refiriéndose a los indígenas de Bolivia: "(…) éstos tienen desde hace medio siglo derecho al voto, ciudadanía plena y propiedad directa sobre la tierra merced a una profunda reforma agraria (1953), y desde hace casi 20 años municipios indígenas autónomos (…)". Si los indígenas de Bolivia gozaban y gozan de la cualidad de ciudadanía plena, ¿por qué estaban y están ausentes en la gestión de las instituciones públicas? ¿Por qué se los mantuvo en la oscuridad del analfabetismo y bajo la tiranía hambre? ¿Por qué Bolivia emprendió el escabroso camino de la Constituyente? ¿Qué Ley boliviana contempla municipios indígenas autónomos?
El rito quinquenal del voto universal no significa ciudadanía plena para nadie. Mucho menos cuando los electores carecen de información. La reforma agraria de 1953 sólo se aplicó en los andes y valles de Bolivia. En el Oriente del país (que geográficamente representa las dos terceras partes de Bolivia) el latifundio y la esclavitud permanecieron incólumes. ¿Acaso el acceso a la tierra sin tecnología, ni educación, ni mercados es garantía de una ciudadanía plena? ¿Acaso estas y otras deudas históricas no están contenidas en la obra "Historia de Bolivia" de D. Carlos Mesa?
Intentando atizar el enfado de cuantos aún no conocen el texto constitucional de Bolivia, D. Carlos dice: "(La Constitución Política) reconoce 36 lenguas oficiales (tres de ellas ya extinguidas) y asume un número equivalente de naciones entre las que no están los cinco millones y medio de no indígenas". El Art. 3° de la Constitución Política dice: "La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, (…)". ¿Dónde está la exclusión de los no indígenas? El reconocimiento de los idiomas originarios, en el mismo rango del castellano, es una cuestión de justicia histórica con los excluidos. D. Carlos, como investigador, sabe que en Bolivia, lo mestizo e indígena no son excluyentes. Muchos se autodefinen como indígenas y mestizos al mismo tiempo. Es decir, gestionan múltiples identidades.
Con una total falta a la verdad dice que la población indígena bordea el 45% de la población boliviana. Es decir, una minoría nacional. ¡Cuántas veces él mismo ha difundido los datos oficiales del Censo Nacional del 2001, en el que 62% de los bolivianos/as se autodefinían como indígenas. Ahora, luego de la irrupción de los pueblos indígenas, este porcentaje debe estar por encima del 70%. ¿Con qué intención intenta presentar a las grandes mayorías como minorías?
Afirma que el pluralismo jurídico no es benigno para Bolivia, tampoco la retroactividad de la ley en temas de corrupción. ¿No fue su discurso contra la corrupción que le mantuvo en el poder cuando accidentalmente ejerció la Presidencia del país?
Reitera que la nueva Constitución no tiene novedades en cuestión de derechos fundamentales, sino sólo profundización en los mismos. ¿Será que el ex presidente no ha leído la Constitución antes de emitir su voto en el referéndum del pasado 25 de enero? La Constitución boliviana, no sólo incorpora derechos fundamentales de la tercera generación, sino, de manera inédita, constitucionaliza derechos colectivos en el mismo rango que los individuales.
Con premeditación y alevosía dice: "El Estado tiene el control completo de la economía, incluso sobre la totalidad de las utilidades de las empresas privadas". ¡Esto espanta a la reticente inversión extranjera!. El Art. 308° dice: "El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo económico, (…)". El mismo Art. en su II parágrafo dispone "Se garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales, que serán reguladas por la ley". ¿Por qué D. Carlos sostiene que se estatiza incluso la totalidad de las utilidades de las empresas privadas?
Al mejor estilo de los sofistas mediáticos, D. Carlos dice que en Bolivia no pueden convivir campesinos con citadinos, Oriente con Occidente, indígenas con mestizos. Mayor simpleza analítica no puede existir. Esta supuesta confrontación mediática y maniquea no coincide con la realidad boliviana heterogénea. De lo contrario, hace rato el país estaría ardiendo en una guerra civil. Existe confrontación en Bolivia, pero es de los ricos en contra de los empobrecidos, porque éstos democráticamente se han rebelado en contra de aquellos y los han expulsado de algunos espacios del poder político. ¿Dónde quedó la honestidad intelectual y la deontología comunicativa que tantas veces nos predicó desde su canal de TV y sus columnas periodísticas? ¿Por qué intenta mentir a la comunidad internacional sobre la realidad de un país al cual Ud. aspira gobernar?

La CIA en Bolivia: Los manejos contra la democracia

Enviado en Marzo 3, 2009 a las 12:02 pm por Antonio Peredo Leigue
Un extraordinario periodista argentino de los años ’60 y ’70 escribió, en aquella época, las acciones de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés) en nuestro país. Gregorio Selser, quien también debió exiliarse a México por la persecución de los dictadores de turno, hizo un relato pormenorizado y meticulosamente documentado sobre esa actividad destinada, con absoluto descaro, a frenar los procesos democráticos, eliminar o corromper a los dirigentes sociales e imponer regímenes al servicio de los intereses de las transnacionales, como la sangrienta dictadura de Banzer.
Un documental recientemente trasmitido en el conocido “History Channel” registró una entrevista con quien fuera embajador de Estados Unidos en Chile, durante la presidencia de Salvador Allende. Con total desparpajo, el diplomático recordó que, el paro de transportistas que agravó la crisis económica en ese país, le costó a su gobierno más de tres millones de dólares (equivalentes a unos 35 millones actuales).
Valgan estos datos para sostener la seriedad de las denuncias hechas por el presidente Evo Morales relativas a la infiltración de agentes de la CIA en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras actividades. Mencionó dos nombres: el boliviano Rodrigo Carrasco y el mexicano Francisco Martínez. Una cortina de humo para desviar la atención sobre la corrupción de un grupo a cuya cabeza figura Santos Ramírez. Si así fuese, no habría ninguna explicación para que la presidencia de YPFB haya iniciado una segunda querella contra el acusado.
Los agentes de la CIA
La actuación de la CIA en América Latina era ampliamente conocida pero, como es evidente, no había suficiente documentación y, la existente, era controvertida. El secuestro y posterior ajusticiamiento en Uruguay del agente de alto nivel Dan Mitrione, en los años ’70, desnudó la crueldad de las operaciones de esa agencia y las más de veinte que operan en todo el mundo, a nombre de la seguridad de Estados Unidos de Norteamérica.
Un caso escandaloso en Bolivia, fue el del Ministro del Interior de René Barrientos, Antonio Arguedas, quien después del asesinato del Comandante Che Guevara frustró el negociado y probable tergiversación del diario del Che en Bolivia.
Arguedas era agente de la CIA, como él mismo declaró en forma pública. Por eso mismo, sufrió un atentado en 1970, del que logró salvar y, refugiándose en la embajada de México, recibió asilo en Cuba, a cuyo gobierno había entregado el Diario y del Che y, posteriormente, las manos del Comandante Heroico.
Retornado a Bolivia, murió por la explosión de una bomba, en febrero del año 2000. Aunque oficialmente se concluyó que fue un accidente producto de una mala manipulación del artefacto, pocos dudan que la CIA cumplió finalmente su objetivo de eliminarlo.
Otro hecho escandaloso es el caso Huanchaca. Fue en mayo de 1986 que el científico Noel Kempff Mercado y dos de sus acompañantes fueron asesinados en un campamento en que aterrizaron, creyendo encontrar ayuda. Se trataba de una gigantesca instalación para la fabricación de cocaína. Sólo 7 años después se arrestó a un par de delincuentes brasileños que confesaron ser los asesinos. No se sabe qué ocurrió con ellos.
Lo que si se conoció fue que aquella fábrica, oculta en el parque que hoy lleva el nombre del científico Kempff, era supervisada por la DEA en combinación con la CIA. Bajo la dirección del coronel Oliver North, producían cocaína para venderla en Estados Unidos. Con los fondos obtenidos, compraban armamento para los “contras” que actuaban contra el gobierno sandinista de Nicaragua. El escándalo fue público en el juicio que se le siguió a North, aunque éste fue declarado inocente y hasta aclamado como héroe por los conservadores norteamericanos (republicanos y demócratas, indistintamente).
Si fuese necesario algún dato más, habrá que recordar que, durante al administración de Jaime Paz Zamora, la designación de un desprestigiado militar a la cabeza de la FELCN, fue cuestionada por la CIA y el presidente no sólo debió cambiarlo, sino que luego afrontó el castigo de aceptar que, su principal colaborador, purgase una larga pena carcelaria por vinculaciones con el narcotráfico que conocían y hasta propiciaban la CIA y la DEA.
Si Luis Arce Gómez fue juzgado y encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas, no lo fue por el delito sino porque no lo acordó con la DEA.
La coca ya no es importante
Si la cocaína marcó las relaciones de Washington con el Palacio Quemado durante todo el período neoliberal, fue porque las materias primas estaban controlados firmemente y no había razón para presionar en ese terreno. El grillete había que ponerlo en la producción de coca.
La vergüenza de la forma en que, el Congreso Nacional, aprobó la Ley 1008, todavía se siente en los pasillos de ese vetusto edificio. Como muy pocas veces ocurre, el Ministro del Interior, Juan Carlos Durán, supervisó y a veces hasta condujo el debate de cada artículo de esa ley. El objetivo era mostrar reducciones considerables en el cultivo de la coca, dejando en un segundo plano el tráfico de la droga. Así se logró instalar fuerzas norteamericanas especiales en el Chapare y, en forma subrepticia, en los Yungas. Se trataba de mostrar, al mundo, que se erradicaba la coca y a los cocaleros, sin importar que el consumo de drogas, en los países industrializados, no disminuya. Por supuesto, es más barato arrancar arbustos con lujo de prepotencia y abuso, que combatir a las grandes corporaciones de narcotraficantes en Estados Unidos.
Así se manejó, desde las oficinas de la CIA, la supervisión de los gobiernos que se sucedieron en Bolivia entre 1985 y 2005. Basta recordar que, los candidatos presidenciales, debían cumplir dos condiciones para ser aceptados: rendir examen ante la Confederación de Empresarios Privados y, previamente, demostrar que tenían visa de ingreso a Estados Unidos.
Quieren llevarse otra vez el gas
El pueblo boliviano luchó por recuperar la propiedad de sus recursos naturales. Luchó contra las transnacionales y contra sus servidores nativos, algunos de los cuales fungen ahora como prefectos o presidentes de comités cívicos.
La campaña contra esa decisión del pueblo, comenzó con el debate de la ley en el Congreso Nacional. Carlos Mesa, reculando de su promesa, propuso un proyecto que mantenía los privilegios de las transnacionales; cuando no logró, se negó a firmar la ley y, después, no cumplió el mandato de ponerla en vigencia. Tampoco lo hizo su sucesor, aunque es evidente que otra era su misión.
Luego que el presidente Evo Morales impuso la vigencia de la ley, las transnacionales se resistieron a firmar los nuevos contratos, hasta la hora final. La firmeza del nuevo gobierno les mostró que no tenían alternativa.
Era de esperar que cambiaran sus métodos. La guerra sucia de la CIA tiene muchos mecanismos a su disposición. Lo hicieron en Cuba, en Nicaragua, en Chile, en Venezuela y, ahora, en Bolivia. Si algo se debe aprender es la forma en que la CIA manejó PDVSA para derrocar al gobierno de Hugo Chávez.
Rodrigo Carrasco llegó a ser Gerente Nacional de Comercialización en YPFB. que haya alcanzado tan alto puesto, es responsabilidad de sus superiores. Más aún, si ya se conocía su actividad al servicio de la CIA. Como agente de esa mal afamada institución, trabajó en República Dominicana, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina, antes que en Bolivia. Pero parece ser que era útil para las tareas que había emprendido el presidente de la empresa petrolera.
En cuanto a mexicano Francisco Martínez, la embajada de Estados Unidos se ha encargado de reconocer que es funcionario de la misma. Sin embargo, una extraña versión apareció en CNN: una persona portando credencial y una carta falsificadas con ese nombre, intentó ingresar en las oficinas de la CIA y, al ser descubierto, aceptó haber falsificado ambos documentos con el objeto de conseguir trabajo de chofer. Cualquier día de estos, el señor Martínez desaparece y sus acciones en Bolivia, quedarán sin aclaración. Es lo que ha sucedido en cada una de las operaciones que realiza esa agencia en la que, el ciudadano norteamericano, gasta miles de millones de dólares. El argumento es simple: la defensa de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica.
La responsabilidad no se delega
Que se haya descubierto esta red, no le quita responsabilidad a nadie. Al contrario, demuestra que la red de corrupción era más peligrosa que el robo de dinero. Llegaba a la desestabilización del gobierno. El expediente es visible: destruir YPFB, lograr que el pueblo desconfíe del presidente Evo Morales y preparar las condiciones para derrocarlo.
La culpa de los autores de esta fechoría es triple.